Una propuesta legislativa plantea aumentar las penas legales mínimas para quienes obliguen a una mujer a abortar. La Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo ha dictaminado una modificación al Código Penal local, con la cual se aumentarán las penas mínimas de prisión para quienes obliguen a una mujer a abortar y, con ello, se impedirá que quienes cometan este delito tengan acceso a una fianza.
En Quintana Roo, el aborto forzado está sancionado con una pena mínima de tres años de cárcel y, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona puede obtener el beneficio de la fianza penal, siempre y cuando el delito cometido no exceda de cinco años.
La propuesta impulsada por el diputado Hugo Alday busca elevar la pena mínima de este delito y, con ello, establecer sanciones más justas contra quienes ejercen este tipo de violencia contra las mujeres e impedir su liberación hasta que exista una resolución por sentencia ejecutoria.
En muchas ocasiones, las mujeres que sufren violencia y quedan embarazadas se ven obligadas a continuar con el embarazo contra su voluntad, lo que las revictimiza no solo durante la gestación, sino también al revivir el trauma de la agresión sufrida, lo que provoca un sufrimiento adicional persistente y, muchas veces, por la naturaleza traumática de los actos de violencia, no denuncian los hechos.
