La Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gisela Morales González, aclaró que los fondos y fideicomisos del Poder Judicial no son ilegales y no se utilizan para acumular recursos de subejercicios. Al presentar su propuesta de presupuesto para 2024 en la Cámara de Diputados, Morales González rechazó las acusaciones de que los fideicomisos sirven para satisfacer privilegios de los altos mandos.
La Oficial Mayor explicó que en el Poder Judicial no existen subejercicios, sino remanentes generados a partir de ahorros y economías logrados a través del uso racional del gasto. Estos remanentes se reintegran a la Tesorería de la Federación. Durante el presente año, se han generado más de 700 millones de pesos, y en 2022, se reportaron 2,895.7 millones de pesos que se reintegraron a la Tesorería de la Federación.
Gisela Morales enfatizó que los fideicomisos se utilizan como instrumentos financieros para cumplir con las obligaciones en materia de pensiones con los trabajadores del Poder Judicial. Además, negó que la Auditoría Superior de la Federación haya considerado ilegales los fideicomisos y fondos del Poder Judicial. La revisión de la ASF en 2018 resultó en recomendaciones que podrían representar faltas administrativas, pero no ilegalidades.
El presupuesto del Poder Judicial está en concordancia con el marco legal y se destina a garantizar el derecho de acceso a la justicia. La solicitud presupuestaria para 2024 es de 84,792 millones de pesos, un incremento del 4% (2,609 millones de pesos).
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, representantes de diversas instancias de justicia, incluyendo tribunales y la Fiscalía General de la República, presentaron sus propuestas de gasto para el próximo año.
