Por David García | Ya es Noticia México
Los productores de maíz en México están al límite. Las carreteras tomadas y las cosechas retenidas no son simple protesta, son el grito de un campo olvidado que exige lo básico —un precio justo— mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum parece mirar hacia otro lado, atrapado entre los intereses del poder y las élites empresariales.
En el centro del conflicto aparece un nombre que genera más ruido que una trilladora, Altagracia Gómez Sierra, empresaria, heredera del grupo Minsa —segundo productor mundial de harina de maíz— y actual asesora empresarial de la presidenta.
Altagracia, no es una figura menor, es la encargada de ser el vínculo directo entre el gobierno y los grandes empresarios del país, una especie de “voz del poder económico” en Palacio Nacional.
El problema es que esa voz, dicen los productores, se ha convertido en la que le habla al oído a la mandataria, influenciando decisiones que afectan directamente al campo mexicano.
Mientras los campesinos sobreviven con pagos de cinco o seis pesos por kilo de maíz, Altagracia desfila con trajes de diseñador y carteras que cuestan lo que una familia rural gana en meses. La imagen contrasta con brutal claridad, quienes siembran el alimento más importante del país apenas subsisten, y quienes lo industrializan viven entre lujos y cercanías al poder.
Ante este desequilibrio, el líder agrícola Perfecto Barrales Domínguez lanzó una propuesta que ha encendido el debate nacional, regresar Minsa al control del gobierno, como en los tiempos en que el maíz era patrimonio del pueblo y no negocio de unos cuantos.
Barrales plantea que el Estado recupere la empresa o cree una pública que garantice precios justos, rompiendo con el ciclo de desigualdad impuesto desde su privatización en tiempos de Salinas de Gortari.
Si el gobierno no escucha al campo, no será raro ver más bloqueos, más hartazgo y, quizá, el resurgir de una consigna que debería retumbar en todo el país, el maíz es del pueblo, no del poder.
