Un año después de que entrara en vigor la posibilidad de obtener bajas laborales por menstruación incapacitante, solo se han tramitado 1.418 casos con una duración media de tres días, según datos del Ministerio de Inclusión hasta mediados de abril. Esta medida se introdujo en el marco de la ley del aborto y ha generado debate sobre su impacto en el ámbito laboral.
La tramitación de estas bajas se inicia tras un diagnóstico médico de dismenorrea secundaria, relacionada con dolencias como endometriosis o miomas. La Seguridad Social cubre la prestación económica desde el primer día de la baja, pero el bajo número de solicitudes apunta a un infradiagnóstico y temor a la discriminación laboral.
Expertas como Cristina Antoñanzas de UGT y Carolina Vidal de CCOO lamentan la falta de perspectiva de género en el sistema de salud y la lentitud en el diagnóstico de estas dolencias. Argumentan que la baja laboral por menstruación incapacitante es un paso hacia la visibilización de las circunstancias de las mujeres en el ámbito laboral y un derecho a no ser discriminadas.
