Quintana Roo se encuentra en el ojo del huracán tras la revelación de una red inmobiliaria y de despojo que habría operado con impunidad durante los últimos meses de la administración del exgobernador Carlos Joaquín González. Según las denuncias de propietarios afectados, Joaquín González y varios funcionarios cercanos se habrían beneficiado de manera ilegal a través de empresas vinculadas al exgobernador.
La región de Tulum ha sido señalada como uno de los principales centros de operaciones de esta red, donde se han adquirido propiedades de manera ilegal utilizando falsificación de títulos de propiedad. El titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos, José Alonso Ovando, confirmó la existencia de esta mafia de despojo y falsificación de terrenos en la zona.
Entre los implicados en esta trama se encuentran Layla Lorena Flores Terrazas, exdirectora del Registro Público de Quintana Roo, y Solangel Azucena Alonso Madrigal, quienes habrían permitido movimientos ilegales en el Registro Público de la Propiedad sin cumplir con los requisitos legales. Además, se ha mencionado la participación del notario 109 del estado, Manuel Chejin Pulido, y el extitular del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, José Cisneros Paredes.
Las denuncias presentadas revelan casos concretos de despojo de tierras y falsificación de documentos. Propietarios como Cayetano Nieto y Natalia S han sido víctimas de esta red, quienes han visto cómo sus terrenos han sido adquiridos ilegalmente por empresas relacionadas con Carlos Joaquín y sus colaboradores. Las investigaciones señalan que al menos una decena de lotes de gran extensión han sido adquiridos sin consentimiento en la región sureste del país.
Ante estos graves señalamientos, ninguno de los implicados ha ofrecido una explicación o respuesta contundente. La población exige justicia y transparencia en el esclarecimiento de estos actos de corrupción que han afectado a numerosas familias en Quintana Roo. El escándalo continúa creciendo y la sociedad espera que las autoridades actúen en consecuencia para poner fin a esta red inmobiliaria y de despojo que ha dañado la integridad de la región.
