Con el firme compromiso de actualizar el marco normativo del estado en beneficio directo de la ciudadanía, la XVIII Legislatura aprobó una serie de reformas en materia de justicia, combate a la corrupción, fortalecimiento municipal y educación.
En la sesión ordinaria número 30, las diputadas y diputados aprobaron la declaratoria para la entrada en vigor gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Quintana Roo. Esta transición iniciará de manera escalonada a partir de junio de 2026, dejando atrás el código vigente desde 1981 para dar paso a juicios orales, audiencias por videoconferencia y expedientes electrónicos.
El nuevo modelo judicial prioriza la protección de grupos vulnerables y el interés superior de la niñez, además de agilizar los procesos legales y facilitar el acceso a la justicia mediante herramientas digitales.
Como parte de esta modernización, también se aprobaron adecuaciones a la Ley del Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia, armonizando su funcionamiento con el nuevo Órgano de Administración Judicial. La medida contempla mecanismos de transparencia mediante informes trimestrales sin representar impacto adicional al presupuesto estatal.
Asimismo, el Congreso aprobó reformas al artículo 161 de la Constitución Política del Estado y a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado con el objetivo de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y garantizar una integración más plural y ciudadana.
Las modificaciones establecen que la comisión encargada estará integrada por perfiles académicos y representantes de la sociedad civil, respetando en todo momento la paridad de género.
También se contempla la aplicación estricta de la denominada “Ley 3 de 3”, prohibiendo la participación en el Comité de Participación Ciudadana de personas con sentencias por violencia de género, delitos sexuales o que sean deudores alimentarios.
Además, se establecen filtros más rigurosos para exfuncionarios y se vuelve vinculante la opinión de universidades y organizaciones civiles en el proceso de selección de integrantes del Comité.
En materia municipal, se aprobaron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado para permitir que los municipios, mediante convenios voluntarios de colaboración administrativa, puedan acceder a un 30 por ciento adicional de recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal federal.
Con esta medida se busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales ante las necesidades de la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos.
Finalmente, la XVIII Legislatura aprobó otorgar un reconocimiento formal al Instituto Tecnológico de Cancún por su 40 aniversario, destacando su contribución en la formación de profesionistas y su papel en el desarrollo económico, turístico y tecnológico de la zona norte de Quintana Roo.
