Tras dos semanas de discusiones políticas, el Congreso local está cerca de aprobar la nueva Ley de Residuos del Estado, que busca privatizar la gestión de la basura en Monterrey. Esta medida surge debido a que Simeprode no se considera como la autoridad competente para aplicar las regulaciones.
El objetivo es agilizar la aprobación de este dictamen para evitar posibles protestas de los trabajadores de la empresa estatal, quienes en octubre pasado arrojaron camiones de basura cerca de la sede legislativa.
Según información proporcionada por Simeprode, la ley que se está por aprobar deja de lado a esta paraestatal, que surgió como una medida ambiental para eliminar siete tiraderos a cielo abierto en los municipios metropolitanos.
«Recibimos los desechos de 14 municipios y operamos 14 rellenos sanitarios externos. Generamos energía a través del biogás (metano), siendo un caso exitoso y una buena práctica a nivel internacional. Al permitir que los municipios hagan convenios para concesionar la gestión de residuos a privados, Simeprode queda excluida», se lee en un comunicado.
La paraestatal argumenta que esto representa un retroceso en el manejo de residuos, ya que se volvería a la situación de hace más de 30 años con rellenos sanitarios mal operados. Además, plantea un problema para los empleados sindicalizados que trabajan en la planta de clasificación, ya que sus servicios no serán necesarios debido a la reducción de materiales valorizables.
El pasado 30 de mayo, ante la amenaza de los trabajadores de Simeprode de vaciar 15 camiones de desechos en los alrededores del recinto legislativo, los diputados decidieron tomar un receso. Ahora se espera que se retome el debate y se avance en la aprobación de esta polémica medida.
