Evidenció la urgencia del gobierno de México por traerlo y procesar a un exfuncionario incómodo y cercano al poder.
Por David García.
La detención y expulsión de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, exhibe un caso donde política y crimen organizado parecen entrelazarse.
No se trata solo de un exfuncionario acusado de liderar “La Barredora”, sino de un personaje cercano al círculo de Adán Augusto López. La narrativa oficial intenta reducirlo a un delincuente común, pero los testimonios lo ubican como operador con poder político y económico, capaz de generar millones semanales.
El hecho de que su captura se haya resuelto por un delito migratorio en Paraguay, y no por una extradición formal, refleja también el nivel de urgencia y presión del gobierno mexicano por traerlo.
El proceso judicial apenas comienza, pero el caso ya pone bajo la lupa la complicidad institucional que lo cobijó.
En Tabasco, las acusaciones de secuestro y extorsión siguen abiertas, y su juicio será un termómetro de hasta dónde la justicia alcanzará a un hombre que durante años fue parte del poder político en la 4T.
