El Gobierno de España dará luz verde este martes a una histórica oferta de empleo público que contempla más de 39.000 plazas, con el objetivo de fortalecer las plantillas de la administración central, especialmente en la Seguridad Social y los servicios de atención ciudadana. La convocatoria, que será aprobada por el Consejo de Ministros a solo dos semanas de las elecciones generales, incluirá entre 39.000 y 40.000 plazas ordinarias, tanto para nuevos ingresos como para promoción interna, en la Administración General del Estado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia. Además, se destinarán otras 5.000 plazas para convertir empleo temporal en fijo, lo que elevará la oferta total a más de 44.000 puestos de trabajo público.
La oferta de empleo público global de todos los servicios públicos de la Administración del Estado se mantiene en un nivel similar al de 2022, con 44.788 plazas, pero con una distribución diferente. En comparación con el año pasado, se ha incrementado el número de plazas para nuevos ingresos y promoción interna, mientras que las plazas de estabilización para interinos se han reducido. La oferta de empleo público en España experimentó una drástica reducción durante la crisis económica y solo comenzó a recuperarse significativamente a partir de 2018. Desde entonces, se han ofertado un total de 182.000 plazas, aunque el proceso de convocatorias y formación de funcionarios ha limitado su creación efectiva.
En el acuerdo alcanzado este lunes entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y dos de los sindicatos más representativos de los funcionarios, CSIF y UGT, se ha establecido el grueso de la convocatoria destinada a los servicios de la Administración General del Estado. Esta parte de la oferta de empleo público establece un récord con más de 30.000 plazas, un 20% más que el año anterior. Sin embargo, no se han proporcionado detalles sobre la proporción de plazas de nuevo ingreso y promoción interna. Esto ha llevado al sindicato CC OO a desmarcarse del acuerdo, argumentando que no garantiza un servicio público de calidad para los ciudadanos. Según el sindicato, el incremento del 20% no es real, ya que se basa en el aumento del número de bajas en 2022 en comparación con el año anterior, lo que mantiene una relación lineal entre las bajas y la oferta de empleo público.
La oferta de empleo público también incluye 2.500 plazas urgentes destinadas a la Seguridad Social, uno de los organismos públicos más afectados por la gestión del ingreso mínimo vital durante la pandemia. Por otro lado, se promoverá la promoción interna en al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre, con el objetivo de consolidar la tasa de temporalidad por debajo del 8% para fines de 2024. Aunque la Administración pública española ha experimentado una reducción en su nivel de temporalidad, la cifra sigue siendo alta en comparación con el sector privado. La oferta de empleo público para la Administración General del Estado se complementará con convocatorias específicas para la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército y el ámbito de la Justicia.
El objetivo de esta histórica oferta de empleo público es fortalecer las plantillas de los servicios públicos, que han sufrido recortes en los últimos años y necesitan una modernización, especialmente en perfiles tecnológicos. Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y los diferentes organismos públicos serán responsables de organizar los exámenes correspondientes. Las pruebas de selección se llevarán a cabo en el próximo año. A pesar de los refuerzos de los últimos años, los sindicatos consideran que las plantillas públicas siguen estando infradotadas, lo que ha llevado a un aumento de la carga de trabajo y protestas en diversos sectores de la Administración. Los sindicatos reclaman una oferta de empleo masiva para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y afrontar la jubilación de un alto porcentaje de la plantilla en los próximos años.
