Según el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2023, elaborado por World Justice Project (WSJ), el Estado de derecho en México se encuentra en un estancamiento preocupante. En su quinta edición, el índice otorga al país una calificación promedio de 0.42 en una escala del 0 al 1, evaluando también a las 32 entidades territoriales mexicanas de manera individual.
Durante la presentación del IEDMX en el Museo Memoria y Tolerancia, Eréndira González, líder del proyecto en México, destacó que aún existe una brecha significativa para lograr un Estado de derecho sólido, y que apenas se han registrado cambios en esta área.
El índice evalúa ocho aspectos diferentes, incluyendo los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la justicia civil y penal, el orden y la seguridad, el gobierno abierto, los derechos fundamentales y el cumplimiento regulatorio.
Para recopilar los datos, el IEDMX llevó a cabo encuestas a 400 mexicanos por estado, cuestionarios a especialistas y consultas de fuentes terciarias.
En su primera edición en 2018, el IEDMX otorgó un puntaje de 0.39 a las 32 demarcaciones del territorio mexicano, lo que indica un avance marginal en tres ediciones.
Entre las tendencias más destacadas, el informe resalta que seis entidades mexicanas han mostrado mejoras significativas, siendo Querétaro el caso más notable al pasar del quinto al primer lugar en estas cinco ediciones.
En contraste, Quintana Roo es la entidad con menor apego al Estado de derecho, seguida de la Ciudad de México. También se identificaron problemas en los sistemas de seguridad y procuración de justicia en 10 entidades, afectando aproximadamente un tercio del territorio mexicano.
El estudio reveló que aunque las tasas de homicidios y crimen son altas, la percepción sobre la seguridad ha mejorado. Sin embargo, persisten desafíos en la efectividad de las investigaciones policiales y ministeriales.
Aunque se observó una mejor percepción en la justicia civil, se señalaron dificultades en la rapidez del sistema judicial y la resolución de problemas legales sin altos costos burocráticos.
El IEDMX resalta la importancia de los mecanismos alternativos como una alternativa atractiva para mejorar el acceso a la justicia y destaca la necesidad de abordar los retos en el sistema de justicia penal.
