Luis, un joven de 23 años, experimentó el sistema de detención en El Salvador de manera impactante. Al ser acusado de pertenecer a una agrupación ilícita, fue arrestado en abril de 2022, apenas un mes después de que el gobierno de Nayib Bukele decretara un régimen de excepción para combatir las pandillas MS-13 y Barrio 18. Este decreto suspendió derechos fundamentales, y Luis, junto a más de 72 mil personas, se vio encarcelado bajo condiciones extremas.
Durante su tiempo en la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, Luis enfrentó amenazas de muerte y abusos por parte de custodios. Se relata que, al llegar al centro penal, fue golpeado brutalmente por agentes penitenciarios, quienes, entre gritos, amenazaron con prender fuego a los detenidos. Otros reclusos no sobrevivieron a la violencia en prisión, según un informe de la organización de derechos humanos Cristosal, que documenta 153 muertes bajo custodia estatal durante el primer año del régimen de excepción.
Las condiciones de detención eran precarias: hacinamiento en celdas, falta de atención médica y escasez de alimentos. Los exreclusos, como Luis y otro llamado Pedro, describen cómo los custodios se apropiaban de suministros esenciales enviados por sus familias. Además, los maltratos físicos eran recurrentes, y la atención médica inadecuada resultó en graves problemas de salud para algunos detenidos, como diabetes y otras enfermedades.
Aunque más de siete mil personas fueron liberadas después de no presentarse pruebas en su contra, su libertad es relativa, ya que están sujetas a medidas sustitutivas a la detención provisional, y sus juicios continúan. Los exreclusos, como Pedro y Luis, enfrentan el temor constante de ser detenidos nuevamente, llevando consigo las secuelas físicas y psicológicas de su experiencia en prisión.
A pesar de las denuncias y testimonios sobre abusos en el sistema penitenciario, las autoridades salvadoreñas niegan la existencia de tortura o violaciones a la libertad de expresión. La situación revela un panorama preocupante en el país centroamericano, donde la aplicación de medidas excepcionales ha generado consecuencias severas para aquellos que han sido presos en el marco de la lucha contra las pandillas.
