En la reunión mensual del CCE del Caribe se ha formalizado un convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad en el destino turístico.
El objetivo principal del acuerdo es la instalación de placas de la Fiscalía y del grupo de promoción para fuerza y seguridad en los desarrollos inmobiliarios, con el fin de llevar a cabo inspecciones y prevenir actividades ilícitas como el narcomenudeo y la extorsión.
Además, se establecerá un mecanismo para reportar casas en alquiler que puedan estar relacionadas con actividades sospechosas, permitiendo una pronta intervención de las autoridades. Se ha identificado un incremento en la renta de propiedades a personas provenientes de otros estados, algunas de las cuales han sido utilizadas para cometer delitos graves.
El convenio también contempla el seguimiento y apoyo en casos de extorsión, con el objetivo de fomentar las denuncias y reducir la cifra negra existente. El CCE destaca la importancia de generar confianza entre los empresarios y promover la colaboración activa con la Fiscalía.
Eduardo González Martínez, titular del CCE, resalta que este convenio permitirá a la Fiscalía agilizar sus procedimientos de apoyo en casos de emergencia, así como fortalecer la comunicación y coordinación entre la Fiscalía, las cámaras empresariales y sus afiliados. Se espera que más cámaras se sumen a este acuerdo en el futuro.
Este convenio también beneficiará a los proyectos en construcción, brindando mayor apoyo en la prevención de actividades delictivas y facilitando la actuación de la Fiscalía en caso de ser necesario. La colaboración entre el sector inmobiliario y las autoridades busca garantizar un entorno seguro y proteger el bienestar de la comunidad.
