Quintana Roo da un paso crucial en materia de justicia social al lanzar un programa de regularización de zonas urbanas en 280 ejidos. En una significativa colaboración, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el titular de la Procuraduría Agraria, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, firmaron un convenio para brindar certeza jurídica patrimonial a comunidades rurales. Este acuerdo permitirá acreditar la tenencia de la tierra y acceder a los programas sociales del gobierno.
Esta iniciativa sin precedentes demuestra el compromiso del Gobierno Federal, Estatal y Municipal con la propiedad formal y el bienestar de las familias quintanarroenses. La gobernadora resaltó la colaboración con el Gobierno de México y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El convenio establece subsidios para la inscripción de títulos de propiedad, escrituras públicas, aranceles notariales y expedición de actas de nacimiento o defunción. La falta de estos documentos ha dejado a hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad. En este gobierno humanista y progresista, que prioriza el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, se busca solucionar este rezago histórico.
La gobernadora aseguró que el estado brindará apoyo con subsidios del 100% en la titulación y la inscripción, tanto en aranceles notariales como en el Registro Público de la Propiedad. Asimismo, se facilitará la obtención de copias certificadas. La certeza jurídica permitirá a los beneficiarios acceder a servicios y programas del Bienestar, resolver temas de sucesión y facilitar la inversión pública en escuelas y hospitales.
El procurador Agrario, Luis Rafael Hernández, enfatizó que este convenio refleja la vocación social de la gobernadora y busca generar las mejores condiciones para el pueblo de Quintana Roo. La certeza jurídica beneficiará a los ciudadanos al permitirles acceder a todos los servicios y programas de bienestar.
El acuerdo busca brindar certeza jurídica y documental a los sujetos de derechos agrarios, como parte de una transformación profunda para redistribuir el ingreso y mejorar la calidad de vida de quienes dependen de la tierra. La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, señaló que una vez regularizados, estos espacios podrán acceder a una mayor gama de servicios.
Durante la firma del convenio, estuvieron presentes Martín Careaga Ortega, coordinador general de Delegaciones de la Procuraduría Agraria; Francisco Alejandro Carrillo Flores, subsecretario Social e Interinstitucional de la Zona Norte de la Secretaría de Gobierno; Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, Procurador Agrario del Gobierno de México; Juan Bosco García Galán, representante del Procurador Agrario en los estados del Tren Maya, y Carla Verónica Moreno Gómez, representante de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo.
