La estancia migratoria de Cancún, en Quintana Roo, se ha convertido en un verdadero infierno para aquellos que son detenidos en ella. Tanto turistas como migrantes se convierten en víctimas de detenciones arbitrarias y encierros injustificados en condiciones largas y tortuosas. Los abusos cometidos en este lugar son alarmantes y violan sistemáticamente los derechos humanos de los extranjeros.
Un ejemplo impactante es el caso de Andrea Hernández, una joven colombiana de veinticinco años que se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Tulum. Mientras regresaba en bicicleta al hostal donde se hospedaba, fue detenida de manera arbitraria por agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM). A pesar de encontrarse en bikini y sandalias, fue subida a una camioneta oficial y trasladada a Cancún, donde fue víctima de un intento de extorsión de tres mil dólares para ser liberada de la estancia migratoria temporal en la que fue encerrada.
Dentro de la estancia migratoria de Cancún, se cometen una serie de abusos que van desde el acoso sexual, detenciones arbitrarias, discriminación y perfilamiento racial, hasta la separación familiar, el hacinamiento, las amenazas y los castigos. Además, se impide a los detenidos realizar visitas o llamadas telefónicas con abogados, familiares y representación consular. Las retenciones por encima del tiempo permitido, la negligencia médica, los alimentos en mal estado, la negativa a brindar información sobre el refugio y la extorsión son prácticas que ocurren impunemente, según testimonios, especialistas y documentos recopilados para esta investigación.
A pesar de que la ley establece que todo extranjero detenido tiene el derecho de conocer la ubicación de la estancia a la que se le traslada y de ser informado del motivo de su ingreso, a Andrea no se le brindó ninguna explicación. Fue llevada a la estación sin conocer los motivos y tuvo que esperar hasta el lunes por la mañana para que se tomara su declaración, a pesar de tener derecho a transitar libremente por el país como turista.
La extorsión se convierte en una táctica utilizada por los agentes federales, como en el caso de Andrea. Al vencerse su plazo de estadía en el país en dos semanas, los agentes aprovecharon la situación para encerrarla como una forma de presión y exigirle un pago de tres mil dólares para ser liberada. A pesar de contar con boletos de avión que demostraban su regreso inminente, Andrea estuvo encerrada sin razón alguna hasta que intervino el consulado colombiano y logró su liberación.
Lamentablemente, este caso no es aislado. Los abusos en la estancia migratoria de Cancún son una realidad preocupante que debe ser atendida de manera urgente. Es necesario garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los extranjeros detenidos y poner fin a estas prácticas violatorias. La sociedad y las autoridades deben unirse para exigir justicia y proteger a aquellos que sufren en este verdadero infierno migratorio.
