Leyes ambiguas amenazan la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir el ciberasedio.
Por David García.
La “Ley de Ciberseguridad” aprobada en Puebla no es un avance en la protección digital; es una herramienta de intimidación. Bajo el disfraz de combatir el “ciberasedio”, se abre la puerta a encarcelar a quien moleste con un tuit. Tres años de prisión por una publicación considerada “ofensiva”. La definición la pondrá el poder.
En Campeche, un juez vinculó a proceso a Jorge Luis González Valdez, periodista jubilado de 71 años, por una columna crítica. Le prohibió ejercer el periodismo, clausuró su medio y le impuso una multa millonaria. Su pecado; cuestionar a la gobernadora. El mensaje es claro… quien critique, paga. Quien incomode, se calla.
Lo que estamos viendo es un patrón. La censura ya no necesita tanques, necesita algoritmos. Y un juez cómodo. Morena quiere institucionalizar el miedo. Usar la ley como garrote. Convertir a los jueces en custodios de la narrativa oficial.
La Constitución garantiza el derecho a disentir, pero eso incomoda al poder. Desde la cámara de diputados y el senado de la república deben impulsarse reformas que anulen leyes ambiguas que criminalizan la crítica. Se necesita una legislación federal que blinde la libertad en línea, regule la vigilancia y proteja a periodistas.
Porque si dejamos pasar esto, mañana no serán sólo los periodistas. Serán los activistas. Los estudiantes. Los ciudadanos. La libertad de expresión no es un favor que concede el Estado. Es un derecho que no puede ser negociado.
Y cuando el poder teme a una columna, es que algo se está diciendo bien.
