Este miércoles, los diputados federales aprobaron con 444 votos a favor la incorporación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la definición que establece el maltrato laboral por embarazo como un acto de discriminación. Esta medida es parte de las iniciativas propuestas durante los 16 días de activismo impulsados por las legisladoras desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
El dictamen, enviado a los senadores para continuar el proceso legislativo, establece que cualquier acto u omisión en contra de una mujer debido a su embarazo constituirá discriminación laboral y docente. Esta inclusión se basa en la vulneración de derechos fundamentales como la igualdad, la maternidad, el embarazo y la lactancia.
La diputada Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, subrayó la importancia de esta reforma, destacando que en el ámbito laboral persiste la penalización hacia las mujeres, ya sea por su estado civil o el número de hijos que tengan. La legisladora resaltó que el dictamen busca reconocer como violencia laboral cualquier forma de discriminación basada en la maternidad.
El dictamen propuesto busca no solo sancionar la discriminación por embarazo sino también establecer medidas para su prevención y atención. Además, se plantea que las entidades federativas y la Ciudad de México difundan y promuevan que la discriminación por embarazo es un delito, y se espera que los tres niveles de gobierno brinden atención legal y de salud integral a quienes enfrenten esta situación. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá liderar acciones para registrar casos de discriminación y proporcionar datos sobre la conducta, los derechos vulnerados y el perfil del agresor.
