Cancún.- Quintana Roo ha modificado su Código Penal para considerar el derecho de piso como una forma de extorsión, endureciendo las penas para quienes practiquen esta acción. Ahora, aquellos que impongan el derecho de piso en el estado podrían enfrentar condenas de 15 a 25 años de cárcel, además de multas que oscilan entre mil y mil 500 días.
Estas reformas, planteadas en el decreto 097, podrían resultar en penas aún más severas, llegando hasta 50 años de prisión, en casos de extorsión que involucren a dos o más personas, violencia física o si el delincuente está privado de la libertad en una institución estatal o federal.
La nueva legislación también establece agravantes para los servidores o trabajadores de instituciones privadas que tengan acceso a datos personales y los utilicen para cometer extorsión. Además, los servidores públicos culpables podrían ser destituidos de inmediato y enfrentar inhabilitación de 10 a 15 años para ocupar cargos en el sector público.
Durante los primeros ocho meses de 2023, Quintana Roo inició 58 investigaciones por extorsión, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad y combatir el delito de extorsión en el estado.
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