Un tribunal colegiado ha emitido una orden para que el Ejército conserve los documentos vinculados con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Esta medida se tomó en respuesta a la suspensión provisional otorgada en la demanda de amparo presentada por los padres de los estudiantes desaparecidos. La razón detrás de esta acción legal radica en la falta de entrega de todos los reportes que están en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual incumple el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018, que ordenaba a todas las dependencias del gobierno federal colaborar en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló en su último informe que el Ejército había mantenido ocultos reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Algunos de estos documentos podrían ser de relevancia para entender el contexto criminal de Iguala y para esclarecer la verdad detrás de los eventos del 26 de septiembre de 2014.
El proceso legal se inició el 15 de agosto cuando los padres de los normalistas presentaron una demanda de amparo. A pesar de que inicialmente se negó la suspensión provisional, un recurso de revisión resultó en su concesión por parte del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, como parte del expediente 353/2023.
El tribunal colegiado destacó que la sociedad tiene un interés legítimo en conocer las circunstancias relacionadas con este caso y, en consecuencia, ordenó a las autoridades militares abstenerse de eliminar o ocultar cualquier información identificada por los padres de los estudiantes desaparecidos en su demanda. Además, se menciona la responsabilidad de varios funcionarios de la Sedena en este asunto.
