Ah, Quintana Roo, nuestro rincón caribeño de sol y arena, y ahora, según la última ocurrencia legislativa, números en chalecos y cascos para motociclistas. Mientras los diputados y diputadas se preparan para su salida, nos dejan un regalo de despedida que continúa siendo tema de conversación en las mesas familiares.
La flamante “Ley Chaleco” exige que todos los motociclistas del estado lleven chalecos antirreflectantes y cascos decorados con el número de su placa. Porque, claro, nada dice “me importan tus derechos” como marcar a las personas con números en la espalda.
Según los legisladores, la idea es que estos elementos facilitarán la identificación y reducirán tanto los accidentes como la delincuencia. Aunque aún no queda claro cómo un chaleco y un casco lograrán semejante hazaña, al menos nos proporcionan algo de qué hablar mientras tratamos de descifrar esta fórmula mágica.
Las y los diputados que aprobaron esta ley, aparentemente sin consultar a los verdaderos afectados –los motociclistas–, parecen haber olvidado que Quintana Roo no es solo un destino turístico con playas y fiestas. Este estado también alberga a miles de trabajadores, deportistas, amas de casa y jóvenes universitarios que dependen de sus motocicletas para moverse. Así que ahora, en lugar de disfrutar de la brisa del Caribe, tendrán que lidiar con el glamour de ser identificados por números.
Es irónico que, en un país que ha avanzado hacia un trato más humano en el sistema penitenciario –donde se eliminó la numeración de reos, ahora llamados Personas Privadas de su Libertad para preservar su dignidad–, se nos presente esta ley que parece querer retroceder en el tiempo. ¿Acaso los motociclistas han sido condenados a la despersonalización por el simple hecho de usar una moto como medio de transporte?
Mientras las y los motociclistas se organizan para hacer plantones y marchas, y otros más se reúnen con las autoridades, el reglamento se prepara para implementar esta normativa que, en teoría, debería ser la panacea para todos los males de las carreteras. Pero en lugar de ofrecer soluciones integrales y respetuosas, parece que los últimos caprichos de los legisladores están pisoteando los derechos y la dignidad de los ciudadanos, que merecen ser tratados con respeto y no convertidos en simples números.
La ley ya está en vigor y, mientras los ayuntamientos se ajustan a las nuevas normas, la pregunta persiste: ¿cómo equilibramos la seguridad con la dignidad humana? Ojalá que en este último capítulo del mandato, los diputados de Quintana Roo puedan demostrar que la protección de los ciudadanos puede ir de la mano con la protección de sus derechos fundamentales. Quizás es mucho pedir, pero al menos que se despidan con un poco de sensatez, ¡caray!
