La reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo federal, presentada como parte del paquete de iniciativas el pasado 5 de febrero ante la Cámara de Diputados, tiene como objetivo fortalecer la democracia en el país.
Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, explicó las razones detrás de la necesidad de cambiar el actual sistema electoral.
Uno de los argumentos esenciales es que el sistema electoral mexicano figura entre los más costosos del mundo. Comparado con otros países, el costo por persona es significativamente alto, lo que implica un gasto considerable para las instituciones electorales.
El sistema actual también presenta duplicidad de funciones entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que genera ineficiencias y complicaciones logísticas.
La propuesta de reforma busca reducir el número de personas consejeras y magistradas electorales, así como su periodo de ejercicio en el cargo, eliminando la posibilidad de reelección. Además, contempla la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en sustitución del INE, con la tarea de absorber todas las funciones de los OPLE.
Un aspecto crucial de la iniciativa es que tanto consejeros como magistrados sean electos por voto popular, eliminando así las negociaciones en las cúpulas de los partidos políticos.
Otra medida destacada es la reducción del número de diputaciones y senadurías plurinominales, así como el fortalecimiento de la democracia con consultas populares y la revocación de mandato.
Estas propuestas buscan no solo reducir costos y eliminar duplicidades, sino también aumentar la participación ciudadana en los procesos electorales y fortalecer la representatividad y la legitimidad de las instituciones democráticas en México.
