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Senador removido del cargo por ser deudor alimentario bajo la Ley 3 de 3

En cumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia, que busca salvaguardar los derechos de las mujeres en México, se ha registrado la primera remoción de un legislador por ser deudor alimentario. El senador Elí César Cervantes, perteneciente al partido Morena y proveniente de San Luis Potosí, ha sido destituido de su cargo de elección popular debido a esta condición.

La Ley 3 de 3, vigente desde mayo pasado, impide que aquellas personas que hayan cometido delitos contra las mujeres, como abuso sexual o violencia intrafamiliar, o que sean deudores alimentarios, ocupen cargos políticos. No se hacen excepciones a esta normativa, que busca asegurar la integridad y protección de las mujeres en el país.

El senador Cervantes se convierte así en el primer caso en ser removido de su puesto tras la entrada en vigor de esta legislación. Según información publicada en el portal de El Universal San Luis Potosí, Cervantes asumió su cargo en el Senado luego de la renuncia de Primo Dothé, quien había ganado las elecciones en 2018 pero abandonó su cargo y partido ese mismo año.

De acuerdo con los registros, Cervantes figura como deudor alimentario en el padrón correspondiente, lo que le impidió continuar desempeñando su labor como legislador. En el sitio web oficial del Senado de la República, se ha restablecido la presencia de Primo Dothé en lugar de Cervantes.

Además de la restricción de ocupar cargos de elección popular, la Ley 3 de 3 también impide a las personas que hayan cometido estos delitos desempeñar cualquier empleo en el gobierno a nivel municipal, estatal o federal. Asimismo, se establece la posibilidad de consultar el registro público de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a través del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

La aplicación de esta ley marca un importante avance en la protección de los derechos de las mujeres en México y enfatiza la responsabilidad y transparencia que se espera de los representantes públicos. Con medidas como la Ley 3 de 3 se busca erradicar la impunidad y garantizar la igualdad y seguridad de todas las mujeres en el país.

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