La disputa entre Quintana Roo y Uber Eats sobre la regulación y los costos asociados ha tomado un nuevo giro. A pesar de la reciente ley de movilidad emitida en el estado, Uber Eats ha obtenido un amparo temporal que le permite operar sin tener que solicitar permisos ni pagar un porcentaje del costo total de cada reparto.
La relación tensa entre Quintana Roo y Uber ha existido durante varios años. En el ámbito de los viajes, Uber logró una importante victoria cuando consiguió un amparo para que sus conductores no fueran considerados como taxistas regulares según la ley. Sin embargo, al mismo tiempo se planeaba una reforma para cobrar hasta un 2% de cada servicio, destinado al Fondo de Movilidad de Quintana Roo.
La nueva ley generó preocupación entre los repartidores organizados de ‘Ni Un Repartidor Menos’, quienes señalaron que esto incrementaría sus costos, así como los de los consumidores y comercios. Según ellos, esta medida distorsiona la cadena de valor, encarece los precios y afecta la competitividad de los negocios.
Para Uber Eats, la nueva ley de movilidad representa una barrera para la creación de oportunidades y ganancias para los repartidores registrados. Nicolás Sánchez, director de asuntos públicos de Uber Eats, ha afirmado que el amparo permitirá que los repartidores no sean obligados a registrarse ante las autoridades y puedan seguir trabajando como lo han estado haciendo hasta ahora.
Esta victoria temporal de Uber Eats añade un nuevo capítulo a la larga y complicada relación entre la empresa y Quintana Roo, planteando interrogantes sobre la regulación futura y los costos asociados a los servicios de entrega en la región.
