En el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la ciudad de Celaya, Guanajuato, se encontró a un hombre muerto a finales de febrero. El suceso refleja la violencia común en la región, donde los homicidios son frecuentes.
El policía, quien llevaba a su esposa al trabajo, fue emboscado por hombres armados del cártel, quienes los siguieron desde su casa y abrieron fuego contra su automóvil. A pesar de abatir a uno de los agresores, el policía perdió la vida en el enfrentamiento.
Celaya, con una población de medio millón, ha sido testigo de al menos 34 asesinatos de policías en los últimos tres años, convirtiéndola posiblemente en el lugar más peligroso para los agentes en Norteamérica per cápita.
La ciudad se niega a adoptar la política del presidente López Obrador de no confrontar a los cárteles y buscar acuerdos de paz con ellos. Esta postura desafía el enfoque nacional sobre políticas de seguridad.
A diferencia de otras ciudades, Celaya ha optado por mantener su fuerza policial local en lugar de depender completamente de la Guardia Nacional militarizada.
El cártel de Santa Rosa de Lima controla la región y ha intensificado sus ataques contra la policía local, lo que ha resultado en la muerte de varios agentes y civiles.
La estrategia de seguridad del presidente ha generado críticas y debates, ya que se enfrenta a la escasez de policías y al desafío de la delincuencia organizada.
La policía de Celaya, en su mayoría exmiembros de la policía federal, ha optado por realizar su propia labor de inteligencia e investigación para combatir la delincuencia.
Los residentes de la zona viven con el temor constante de la violencia, mientras las autoridades buscan formas de mantener la seguridad en medio del conflicto con los cárteles.
El debate sobre las políticas de seguridad se intensifica ante las próximas elecciones presidenciales, con diferentes candidatos proponiendo enfoques divergentes para abordar el problema de la delincuencia organizada.
