MÉRIDA, Yucatán – La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente dos mega granjas de Bachoco en Kanasín, Yucatán, tras detectar la deforestación ilegal de 23 hectáreas de selva. Sin embargo, una investigación de EL CEO revela que la autoridad llega 40 años tarde, pues el desmonte ocurrió en 1975, mientras que el verdadero desastre actual apunta a vertederos clandestinos de excremento.
El acuífero de Yucatán en riesgo por «gallinaza»
Pobladores de Kinchil y Halachó denuncian que empresas avícolas, incluyendo unidades vinculadas a Bachoco, utilizan la selva como tiraderos clandestinos de gallinaza (excremento de pollo). La preocupación principal es la filtración de amoniaco al acuífero de la Península de Yucatán, la reserva de agua dulce más importante de México que conecta a cientos de cenotes.
El abandono de estos desechos no solo es un delito según el Código Penal Federal, sino que provoca:
- Contaminación del aire: Emisión de gases que causan enfermedades respiratorias.
- Degradación del suelo: El exceso de amoniaco destruye la fertilidad de la tierra.
- Amenaza a la apicultura: El aumento de moscas pone en riesgo las colmenas locales.
Acaparamiento de agua y opacidad ambiental
A pesar de la magnitud de sus operaciones, no existen permisos ambientales de Bachoco disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en la Semarnat. No obstante, la empresa tiene asegurados más de 8 millones de metros cúbicos de agua anuales del acuífero yucateco mediante 54 concesiones del REPDA.
Bachoco es actualmente una de las 10 empresas con mayores derechos de explotación de agua en la entidad, en un contexto donde Yucatán es el segundo estado con más crecimiento en producción avícola a nivel nacional.
Conflictos territoriales y justicia indígena
La expansión de la gigante avícola, fundada por la familia Robinson Bours, ha chocado repetidamente con comunidades mayas. En 2023, una jueza suspendió la Granja de Akutzá por amenazar la Laguna Chichankanab, un Sitio Ramsar protegido por la UNESCO. Organizaciones como ProDESC señalan que la empresa omite sistemáticamente la consulta previa a los pueblos indígenas.
Ante los señalamientos, Bachoco afirmó operar bajo protocolos de «gestión responsable», aunque su informe de sustentabilidad 2024 no detalla medidas para el tratamiento de desechos ni la implementación de plantas de biogás para mitigar su huella ambiental.
