Una investigación reciente revela que entre 2020 y 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México espió la geolocalización de teléfonos celulares en más de 48,000 ocasiones. Estas acciones se llevaron a cabo sin la autorización de un juez, según documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia.
Durante la gestión de la ex Procuradora Ernestina Godoy, se utilizó un software proporcionado por la empresa Arcafa S. A. de C. V, por un costo de 31 millones 137 mil pesos, sin resultados significativos en la detención de presuntos delincuentes o rescate de víctimas en riesgo.
La legislación mexicana establece que cualquier intervención de geolocalización debe contar con la autorización judicial previa, excepto en casos donde esté en peligro la vida de una persona. Sin embargo, ninguna solicitud fue presentada ante un juez por parte de la Policía de Investigación involucrada.
Anteriormente, casos similares de vigilancia sin autorización judicial han sido denunciados, incluyendo el uso de spyware como Pegasus por parte de estructuras militares y filtraciones de información sensible sobre actividades ciudadanas.
