La situación migratoria en México está atravesando una crisis en sus fronteras norte y sur, con una creciente ola de migrantes que ha desencadenado protestas y denuncias por la falta de atención gubernamental. En la frontera sur, alrededor de 4 mil migrantes, en su mayoría de Cuba y Centroamérica, han exigido al Instituto Nacional de Migración (INM) que les permita avanzar hacia la frontera con Estados Unidos. En tanto, en la frontera norte, una inusual oleada de 4 mil inmigrantes cruzó hacia Eagle Pass, Texas, provocando una declaración de estado de emergencia en la ciudad estadounidense y paralizando el conocido tren «La Bestia,» utilizado por migrantes. Ferromex, la empresa a cargo, ha señalado problemas y disturbios en su operación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha responsabilizado a instancias internacionales, como el Banco Mundial, por no ayudar a los países más pobres y, en cambio, involucrarse en conflictos y suministrar armas. Ha argumentado que la migración es un problema estructural exacerbado por políticas internacionales y ha criticado a la ONU en este sentido. Mientras tanto, expertos en migración, activistas y defensores han urgido una solución integral y basada en derechos humanos que aborde la complejidad de la crisis, enfocándose en la protección de los derechos de los migrantes.
El colapso del sistema de asilo en México, las limitadas opciones legales y la dificultad para cumplir con los requisitos de la Ley de Migración agravan la crisis. Organizaciones a favor de la comunidad migrante han destacado la necesidad de programas temporales de regularización migratoria y han señalado la falta de opciones para obtener documentación legal. Las causas del aumento de la migración a nivel mundial incluyen la pobreza, políticas públicas restrictivas, inseguridad y el cambio climático, y esta problemática afecta a países como Centroamérica y México. La población más vulnerable en esta crisis continúa siendo los niños, niñas y adolescentes migrantes.
