Cada diputado local le cuesta al erario más de 21.4 millones de pesos al año en Quintana Roo, mientras que en Yucatán el costo ronda los 6.2 millones por legislador, casi la tercera parte.
EDITORIAL | Ya es Noticia México
Chetumal, a 15 de marzo.- Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa su plan B para frenar los excesos presupuestales de congresos y regidurías, el Legislativo de Quintana Roo queda nuevamente bajo la lupa.
Con más de 536 millones de pesos aprobados para 2026 y un costo superior a 21.4 millones por cada uno de sus 25 diputados, el Congreso estatal se ubica entre los ocho más caros del país, pese a representar a menos de dos millones de habitantes.
El mensaje presidencial es claro, se acabaron los tiempos del gasto sin control ni rendición de cuentas. La propuesta para limitar sueldos, bonos y privilegios expone una realidad incómoda para la XVIII Legislatura, dominada por Morena y PVEM, acompañados por el PT y los restos del viejo sistema partidista, más ocupada en blindar su presupuesto que en abrirlo al escrutinio público.
El contraste con Yucatán resulta demoledor, allá cada legislador cuesta alrededor de 6.2 millones de pesos al año, incluso con un Congreso ampliado a 35 curules.
Aquí, en cambio, el alto costo por diputado no se traduce en mejores leyes ni en mayor cercanía ciudadana, sino en una burocracia legislativa que confunde representación con privilegio.
Si la austeridad es realmente un principio republicano, el Congreso de Quintana Roo tiene una oportunidad histórica, dejar de ser ejemplo de despilfarro y demostrar que servir a la gente cuesta menos, pero vale mucho más.
