Un Legado de Abuso y Abandono,alcanzó a la actual administración.
Por David García.
Por décadas, las reservas territoriales del estado de Quintana Roo han sido el botín de una élite de exfuncionarios que, lejos de velar por el bienestar de la ciudadanía, se sirvieron con la cuchara grande. Así lo dejó entrever Nabil Eljure, subsecretario de Vivienda del estado, en una reciente entrevista con “Reporteros de Banqueta”, donde lamentó cómo ex directores y cientos de funcionarios del extinto Instituto de Vivienda de Quintana Roo (INVIQROO) y del posterior Instituto del Fomento a la Vivienda (INFOVIR) se apropiaron de extensas hectáreas a precios irrisorios, mientras a los ciudadanos de a pie se les entregaban modestos lotes de 8×16 metros, sin servicios básicos, si bien les iba.
Nabil Eljure no titubeó al señalar que este despojo sistemático dejó un estado plagado de terrenos baldíos, abandonados y convertidos en basureros clandestinos, un problema que hoy pesa sobre la administración actual y, sobre todo, sobre la población que sigue clamando por vivienda digna. «Se adueñaron de terrenos extensos y de alto valor para hacer negocios», afirmó, dejando en claro que estas propiedades no fueron adquiridas por necesidad, sino como una inversión especulativa que benefició a unos pocos y perjudicó a muchos.
La historia no es nueva para quienes hemos seguido el rastro de la corrupción en Quintana Roo. Durante años, el INVIQROO y el INFOVIR operaron como una maquinaria bien aceitada para pagar favores políticos y económicos. Grandes empresarios, periodistas complacientes y funcionarios de todos los niveles recibieron terrenos estratégicamente ubicados a cambio de su silencio o su apoyo. Cuando el INFOVIR desapareció y dio paso al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), bajo la dirección de Francisco Garibay Osorio en el gobierno de Roberto Borge, la reserva territorial se convirtió en la nueva caja chica del régimen. Los expedientes, a los que algunos tuvimos acceso en su momento, son un mapa del tesoro que revela nombres y apellidos de quienes hoy ostentan esas tierras como trofeos de un pasado de impunidad.
Hoy, esas hectáreas que deberían haber servido para atender el rezago habitacional de miles de familias quintanarroenses yacen en el abandono. Maleza, basura y problemas de inseguridad son el legado de quienes las acapararon sin intención de darles uso social. Nabil Eljure lo reconoce con resignación; «Todos estos predios abandonados tienen un dueño, y esta administración es respetuosa de la propiedad privada». Sin embargo, su propuesta de buscar a los propietarios para negociar —ya sea que vendan, cedan o intercambien— suena más a un deseo bienintencionado que a una solución contundente frente a un problema estructural.
El contraste es indignante. Mientras los ciudadanos que solicitan un lote deben pasar por estudios socioeconómicos rigurosos para demostrar su necesidad, los exfuncionarios que se enriquecieron a costa del erario no enfrentaron más requisito que su ambición. «Dejaron sin acceso a muchos que lo necesitaban», subrayó Eljure, y no podría estar más en lo cierto. El daño no es solo patrimonial, sino social, casas habitación abandonadas, terrenos enmontados y un rezago habitacional que se arrastra desde hace décadas.
La pregunta que queda en el aire es qué hará esta administración para revertir este agravio histórico. Acercarse a los dueños para dialogar es un primer paso, pero insuficiente. ¿Dónde están las investigaciones, las demandas de recuperación de estos bienes mal habidos? ¿Por qué no se ha puesto nombre y rostro a quienes saquearon las reservas del estado? La ciudadanía merece respuestas y, más aún, soluciones. Porque mientras los lotes baldíos sigan siendo un recordatorio del abuso de poder, el sueño de una vivienda digna seguirá siendo eso, un sueño para miles de quintanarroenses. Nabil Eljure ha puesto el dedo en la llaga; ahora falta ver si el gobierno tiene la voluntad de sanarla.
