La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de este miércoles marca un punto de quiebre en la lucha del pueblo de Quintana Roo contra Aguakan. “No se puede hacer negocio con el agua”, sentenció la mandataria, respaldando la exigencia ciudadana de revocar la concesión a la empresa que, durante años, ha lucrado con un derecho humano fundamental.
Desde hace décadas, Aguakan ha operado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad bajo un modelo de concesión que ha sido señalado por cobros excesivos, falta de inversión en infraestructura y un servicio deficiente. La ciudadanía ha manifestado su hartazgo en múltiples ocasiones, incluso a través de un referéndum en 2022, donde más del 90% de los votantes se pronunciaron en contra de la empresa. Sin embargo, Aguakan ha utilizado el blindaje legal de su contrato para mantenerse operando hasta la fecha.
La postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum no solo respalda la lucha ciudadana, sino que también envía un mensaje claro: el gobierno federal no tolerará abusos en la gestión de los recursos hídricos.
Ante la presión del gobierno estatal, Aguakan ha respondido con una estrategia legal y mediática. En un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa acusó al gobierno de Quintana Roo de hostigamiento jurídico, argumentando que la denuncia penal en su contra carece de sustento. Además, alertó sobre el posible impacto en los fondos de inversión de millones de trabajadores que, a través de sus afores, tienen participación en la empresa, donde Aguakan asegura que es una empresa 100% mexicana, y que ha invertido más de 8 mil 223 millones de pesos en infraestructura en el estado que, entre otras cosas, implica la conexión de 3 mil 250 kilómetros de tuberías de agua.
Aquí es donde la discusión toma un giro crucial: ¿se debe priorizar el derecho humano al agua o la rentabilidad de una concesión privada?
La gobernadora Mara Lezama ha sido firme en su compromiso con la ciudadanía, respaldando la revocación de la concesión. La pregunta ahora no es si Aguakan debe irse, sino cómo y cuándo. El litigio continuará, pero lo más sensato para la empresa, como lo sugirió la propia presidenta Claudia Sheinbaum, sería entregar la concesión.
Quintana Roo no puede seguir rehén de un modelo que prioriza el negocio sobre el bienestar social. La batalla legal continuará, pero la voz del pueblo es clara; el agua no es un lujo, es un derecho.
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