En medio del ruido y el entusiasmo por el ambicioso proyecto del Tren Maya, una voz resuena, pero no está siendo escuchada con la atención que merece. El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, en una reveladora declaración, pone de manifiesto una realidad que se oculta tras el brillo del desarrollo: la destrucción desmedida de patrimonio arqueológico en nombre del progreso.
Cortés de Brasdefer no se opone al progreso en sí, sino a las formas en que se está materializando el Tren Maya. El hecho es que este proyecto ha dejado una estela de ruinas en su paso, destruyendo cientos de monumentos, edificios y objetos arqueológicos. Aunque este daño es innegable, se mantiene en las sombras debido a la naturaleza política del proyecto.
El arqueólogo pone en evidencia la destrucción total que está teniendo lugar en las rutas trazadas del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya. Los especialistas que trabajan en el terreno han denunciado esta devastación de manera anónima, temiendo represalias. Cortés de Brasdefer señala que el proyecto se ha llevado a cabo a la carrera, resultando en la contratación de estudiantes y pasantes en lugar de expertos en antropología. Esto ha llevado a la destrucción apresurada de zonas arqueológicas que han perdurado durante siglos.
Las consecuencias de esta carrera sin control son múltiples. No solo se está borrando parte de la historia y cultura de México, sino que también se está socavando la confianza en la administración del patrimonio cultural y natural del país. Además, Cortés enfrenta amenazas y señalamientos por parte del INAH que está buscando destituirlo de su cargo. El hecho de que estas instituciones estén implicadas en su desprestigio y la seguridad de su familia lo lleva a señalar a los responsables y a advertir sobre posibles consecuencias aún más graves.
En resumen, la voz de Fernando Cortés de Brasdefer es un recordatorio urgente de que el progreso no puede lograrse a expensas de la historia y el patrimonio de un país. La destrucción del pasado y la indiferencia hacia las voces críticas son un recordatorio de que la política y el desarrollo no deben eclipsar la responsabilidad de proteger y preservar. Es necesario que la sociedad y las instituciones tomen en serio estas revelaciones y actúen en consecuencia para garantizar un equilibrio entre progreso y protección del patrimonio.
