En el reciente escenario político de Quintana Roo, la visita de Claudia Sheinbaum trajo consigo un giro sorprendente: dos presidentes municipales, Atenea Gomez Ricalde de Isla Mujeres y José Alfredo Contreras «Chepe» de Bacalar, decidieron ya abandonar públicamente sus partidos de origen para abrazar el color guinda de Morena, firmando un acuerdo. Este acto, sin duda, muestra sus ansias de retener el poder bajo el estandarte de la cuarta transformación.
Es innegable que los políticos tienen el derecho de elegir sus afiliaciones partidistas. Sin embargo, en este caso, el problema radica en que ambos funcionarios, quienes llegaron a sus cargos mediante el voto popular, lo hicieron bajo otras banderas políticas. Atenea Gomez Ricalde obtuvo la presidencia municipal gracias a la alianza PAN-PRI-PRD, mientras que José Alfredo Contreras fue elegido por el PRI. Esto plantea un dilema ético que no se puede pasar por alto.
La regulación legal de estas situaciones se vuelve crucial. La política mexicana debería ya de establecerse claramente que un funcionario electo debe cumplir su mandato antes de cambiar de partido, en lugar de hacerlo en pleno ejercicio de su administración. De lo contrario, es una faltar de respeto a los electores que confiaron en ellos. Sería interesante conocer la opinión de la militancia priista y panista en torno a las acciones de Gomez Ricalde y “Chepe”Contreras.
No podemos ignorar otro episodio revelador durante esta visita. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, cometió un error al presentar al diputado Renan Sánchez Tajonar como coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México. Esto evidencia una falta de conocimiento sobre la política local, aunque no se puede culpar únicamente a Mario Delgado, ya que, incluso los propios quintanarroenses, parecen desconocer quién preside el PVEM en la entidad.
