En tiempos en los que la sociedad demanda transparencia y rendición de cuentas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo se enfrenta a una crisis sin precedentes. Más de 33 mil 400 carpetas de investigación están rezagadas, un testimonio de la magnitud del problema que acecha a esta institución.
La fiscalía, con una plantilla de 1,821 empleados, absorbe el 75% de los recursos asignados en nómina, dejando muy poco margen para las operaciones efectivas. Durante el proceso de reestructuración, se vieron forzados a dar de baja a 120 elementos por faltas administrativas y mal desempeño en sus funciones. Aunque se han logrado desarticular a 60 extorsionadores que ahora enfrentan procesos legales, aún queda mucho por hacer.
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el fiscal Raciel López Salazar es la falta de transparencia. Un ejemplo revelador es el caso de armas aseguradas en hechos delictivos que nunca llegaron a la Fiscalía General de la República (FGR), quedando “olvidadas” en las bodegas de la fiscalía estatal. Esta falta de transparencia ha permitido que inculpados evadan la justicia, solo arañando la superficie del problema.
El personal de la fiscalía está lejos de ser suficiente, con poco más de 300 Ministerios Públicos en sus filas. Algunos de ellos perciben sueldos por debajo de los 20 mil pesos y enfrentan abrumadoras cargas de trabajo. Este entorno es un caldo de cultivo para la corrupción, que se manifiesta en la famosa frase: «si le das pal´chesco, se agiliza tu trámite.» El panorama es desalentador, especialmente en casos más complejos como los relacionados con el narcotráfico.
La comparecencia reciente del Fiscal López Salazar ante los diputados de Quintana Roo fue más que una mera audiencia; parecía un capítulo de un documental de Netflix. Con tan solo cuatro meses en el cargo, el fiscal habló con franqueza y valentía ante las y los diputados de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo. Expuso una fiscalía en deterioro, que opera con un escueto 1% de su presupuesto anual. La corrupción rampante y la falta de resultados han socavado la confianza de la ciudadanía.
En el ámbito de las extorsiones, los empresarios han dejado de denunciar ante el Ministerio Público por temor a represalias. Las amenazas telefónicas de extorsionadores, en complicidad con las autoridades, los mantienen a raya. El Fiscal reveló que la trata de personas afecta al estado y se está abordando con determinación. Aunque los índices de inseguridad siguen siendo altos en cuatro de los 11 municipios (Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco), López Salazar destacó que, según las últimas cifras del INEGI, Quintana Roo ya no se encuentra entre los tres primeros estados con altos índices de delincuencia. Esto se debe al trabajo conjunto de las autoridades federales, estatales y municipales.
Los delincuentes de «cuello blanco,» como los carteles inmobiliarios dedicados al despojo de tierras, no escaparán a la justicia. El Fiscal enfatizó que no tiene compromisos con nadie y que la justicia será imparcial para todos. Bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, su principal misión es devolver la paz a los quintanarroenses.
El compromiso de López Salazar es innegable. Desde el primer día, se sentó con las madres y familias de personas desaparecidas para idear estrategias y ofrecer respuestas. Además, está decidido a desmantelar al peor cartel del estado, al «empleado organizado» que trabaja desde el interior de la fiscalía y obstaculiza los trámites y carpetas de investigación. La corrupción se ha infiltrado en las fiscalías, un problema que no podemos ignorar.
A pesar de enfrentar abrumadores desafíos, el Fiscal está decidido a cambiar esta realidad y hacer de la justicia una realidad para todos los quintanarroenses. En su comparecencia, Raciel López Salazar demostró ser un fiscal comprometido que trabaja en estrecha colaboración con su personal y la ciudadanía. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Podremos confiar en él? Esta respuesta podría determinar el futuro de la justicia en Quintana Roo.
