En un hecho sorprendente, manifestantes afines al grupo criminal «Los Ardillos» retuvieron a 13 funcionarios luego de las protestas que tuvieron lugar en Chilpancingo. Según informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre los detenidos se encuentra un funcionario de alto rango de la Secretaría de Gobernación (Segob). Aunque no se revelaron detalles sobre su nombre y cargo, se confirmó que todos los retenidos se encuentran en buen estado de salud.
La funcionaria federal proporcionó información adicional sobre la situación, indicando que los 13 funcionarios retenidos consisten en cinco miembros de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un funcionario de la Secretaría de Gobernación federal (Segob).
«Tenemos conocimiento, a través del gobierno del estado de Guerrero y los miembros de la Mesa de Paz y Seguridad, de que estas personas se encuentran en buen estado de salud. Los funcionarios públicos retenidos incluyen cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal», afirmó Rodríguez.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana también reveló que se están llevando a cabo investigaciones para identificar a dos individuos responsables de la movilización y retención de los funcionarios. Se trata de Gilmar Jaír N y Guillermo N, quienes lideraron la protesta en Chilpancingo, Guerrero, exigiendo la liberación de dos líderes de «Los Ardillos» que fueron detenidos en posesión de drogas, armas y cartuchos.
Durante la conferencia de prensa presidida por Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez señaló que Gilmar Jaír N se identifica como el principal vocero, mientras que Guillermo N se autodenomina presidente de la organización de Comisarios de Guerrero.
Este incidente pone de manifiesto los desafíos de seguridad que enfrenta la región y la necesidad de continuar trabajando en conjunto para garantizar la protección de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley en todo el país.
