En 2023, un total de 323 personas optaron por la eutanasia en España, marcando un incremento del 12% respecto al año anterior. Estos datos preliminares del Ministerio de Sanidad, aún por publicar oficialmente, reflejan que cerca de la mitad de las 727 solicitudes presentadas fueron atendidas. Esta cifra contrasta con las 288 aplicaciones registradas en 2022 y las 75 de 2021, el primer año de implementación de la ley.
La demora en el proceso sigue siendo uno de los principales desafíos, con un tercio de los solicitantes falleciendo antes de recibir la eutanasia en 2022. Mayoritariamente, las personas que solicitan este procedimiento tienen entre 60 y 80 años, y sufren enfermedades graves neurológicas u oncológicas. La organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha instado a agilizar el proceso, que actualmente promedia 75 días, aunque la ley estipula que no debería exceder los 35 días.
Las diferencias significativas entre comunidades autónomas en la aplicación de la eutanasia son evidentes. Activistas han señalado barreras burocráticas y falta de información como posibles causas de estas disparidades, pidiendo medidas para asegurar un acceso equitativo en todo el país. DMD ha propuesto 18 recomendaciones al Ministerio de Sanidad, incluyendo la creación de un reglamento claro y la formación de una comisión estatal para supervisar el proceso.
