La movilidad en Quintana Roo está a punto de transformarse gracias a la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad presentada por la gobernadora Mara Lezama. Ahora, el trabajo recae en los diputados del Congreso de Quintana Roo. La iniciativa ya fue presentada a la XVII Legislatura del Estado, donde se le dio lectura y se turnó a comisiones para su respectivo estudio y análisis. El objetivo es realizar las reformas necesarias a la Ley de Movilidad.
Esta propuesta no solo busca garantizar la seguridad en el transporte, sino que también reconoce la movilidad como un derecho y coloca a las personas como el eje central de la política pública.
Entre las reformas que se proponen, destaca la regulación responsable del servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales, con el fin de ofrecer múltiples opciones de servicios y modos de transporte que proporcionen disponibilidad, calidad y accesibilidad. Además, se propone la implementación de capacitación obligatoria en materia de acoso sexual callejero en el transporte para quienes presten servicios de transporte público y privado. Esta capacitación bien valdría la pena que fuera impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).
Para garantizar la calidad del servicio de transporte, se plantea que el transporte privado de pasajeros por plataformas de carácter privado (UBER) sea brindado por autorización y permiso del Instituto de Movilidad (IMOVEQROO), mientras que el transporte público (taxis) será brindado por autorización y concesión. Las personas morales que medien o promuevan la contratación del servicio público o privado de transporte de pasajeros mediante el uso de plataformas tecnológicas o digitales tendrán la obligación de aportar a favor del Estado hasta el 1.5% por servicio contratado.
Además, se propone regular el Fondo para la Movilidad del Estado con el objetivo de captar, administrar y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de la infraestructura, seguridad y ordenamiento vial (semáforos, señalamientos viales, pasos peatonales, paraderos de autobuses, etc.), así como acciones de cultura en materia de movilidad. Estas medidas son fundamentales para mejorar la movilidad en el estado, especialmente considerando que es un polo turístico de clase mundial.
Esta Ley también establece un plazo máximo de dos años para expedir las disposiciones generales para el funcionamiento y operación de taxímetros y tarifas que deberán observarse y aplicarse en cuanto a la prestación del servicio público de transporte en el Estado. Es importante que se establezcan disposiciones claras y precisas para garantizar un servicio de calidad y a precios justos para la población.
Esta propuesta representada por Mara Lezama es un gran avance en la regulación del servicio de transporte, y puede ser comparada con las iniciativas de reforma de transporte en otros países que han tenido éxito en la implementación de mejores prácticas.
