Colectivos y redes feministas en Quintana Roo han alzado su voz exigiendo una minuciosa investigación sobre la labor de los jueces locales en la región. Sus acusaciones se centran en supuestas demoras en la búsqueda de justicia para las mujeres y en la presunta fabricación de delitos en su contra. La abogada feminista Ariadne Song Anguas lidera este movimiento y ha anunciado la presentación de quejas ante el Consejo de la Judicatura de Quintana Roo, subrayando también irregularidades procesales y la falta de aplicación de la perspectiva de género por parte de los jueces.
Un caso emblemático en esta controversia involucra a una mujer que fue la primera acusada por violencia vicaria y que permaneció en prisión como medida cautelar. Además, los colectivos feministas han hecho un llamado a nivel estatal, instando a la gobernadora y su equipo multidisciplinario a entablar un diálogo con las víctimas. Destacan la preocupación por la falta de atención adecuada a las víctimas del delito en la región, subrayando la necesidad de medidas efectivas.
En una reciente conferencia de prensa, Grisell Balderas Jonguitud, una madre enfrentada a diversos juicios de familia y acusaciones de violencia familiar, denunció una serie de irregularidades en su proceso y la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género e infancia. Cabe mencionar que este último caso generó una «huelga de hambre» en meses anteriores en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en Playa del Carmen, como una medida de protesta que logró llamar la atención de la población sobre estas preocupaciones.
