La Comisión Permanente de la Legislatura de Justicia Social del Congreso del Estado de Quintana Roo turnó a comisiones una iniciativa que busca reformar el Código Penal local, con el objetivo de establecer sanciones más severas para el delito de violencia familiar, cuando las víctimas sean mujeres embarazadas o personas mayores de 60 años.
La propuesta fue presentada por el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y plantea modificar el artículo 176-Quater del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La reforma contempla incorporar una nueva agravante que permita aumentar la pena de hasta una tercera parte de sus límites mínimo y máximo, en los casos donde las víctimas pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad.
En su exposición de motivos, Sanén Cervantes subrayó la necesidad de fortalecer el marco legal para brindar mayor protección a sectores con alto riesgo de sufrir violencia dentro del núcleo familiar, específicamente mujeres en estado de gestación y personas adultas mayores.
La violencia familiar es uno de los delitos de mayor incidencia en la entidad. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a abril de 2025 se registraron más de 2,300 denuncias por este delito en Quintana Roo, cifra que refleja un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Además, en la misma sesión legislativa se presentó otra iniciativa relacionada con el entorno jurídico digital. El diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, propuso adicionar el artículo 220 Bis y reformar los artículos 215 y 218 del Código Civil del estado.
Esta segunda propuesta busca reconocer la validez de los actos jurídicos electrónicos y regular el uso de la firma electrónica avanzada, con el fin de brindar certeza jurídica en las nuevas formas de contratación en entornos digitales.
Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación, como parte del proceso legislativo en el Congreso de Quintana Roo.
