El gobierno federal de México ha decidido mantener en secreto los detalles de la venta del avión presidencial proveniente de Tayikistán, alegando razones de seguridad. Tanto el contrato de compraventa como las negociaciones entre ambos países se mantendrán bajo reserva hasta el año 2028, según lo anunciado por el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras). La justificación detrás de esta medida es la seguridad personal del presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon. Según Banobras, la información contenida en el contrato, que incluye datos técnicos, fotografías y detalles sobre el equipamiento de la aeronave, podría poner en peligro la seguridad de las personas involucradas si se divulga públicamente.
El argumento presentado por Banobras sugiere que hacer pública esta información podría potencialmente exponer al mandatario de Tayikistán a riesgos de seguridad, especialmente considerando su participación en la lucha regional contra el terrorismo. Según la respuesta proporcionada por Banobras, existen compromisos y acuerdos de confidencialidad que regulan el manejo de la información generada durante la operación de compraventa. Además, se afirma que revelar los detalles de este acuerdo podría perjudicar la relación diplomática entre ambos países.
Sin embargo, especialistas en derecho a la información, como Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), argumentan que la autoridad debería haber entregado una versión pública del contrato y solo reservar la información sensible o relacionada con la seguridad. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, Banobras podría invocar el secreto comercial como motivo de confidencialidad, siempre y cuando no implique el uso de recursos públicos. En este caso, al tratarse de un intercambio de un bien público que involucra recursos del erario, se plantea la necesidad de mayor transparencia.
Además de Banobras, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) también estuvo involucrado en la negociación y venta del avión presidencial. Sin embargo, al solicitar al INDEP una copia del contrato y del proceso de negociación, solo se recibió un listado de enlaces a boletines y comunicados de prensa, sin atender la solicitud de proporcionar la documentación requerida. Esto plantea dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y la falta de acceso a la información por parte de la ciudadanía.
