El Senado de la República aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un nuevo marco jurídico de alcance nacional cuyo avance fue impulsado de manera determinante por la senadora quintanarroense Anahí González, una de las principales promotoras de la reforma.
La legislación derivada de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum homologa por primera vez el tipo penal de extorsión en todas las entidades federativas, corrigiendo vacíos legales que por años generaron disparidades y favorecieron la impunidad. Con esta armonización, cualquier acto de extorsión recibirá el mismo tratamiento jurídico en todo el país.
El nuevo marco normativo incorpora modalidades contemporáneas, como la extorsión bancaria, los esquemas conocidos como “montadeudas” y “montachoques”, además del cobro de piso y el uso indebido de información privada. Estas figuras, muchas veces fuera del alcance legal, ahora quedan tipificadas y sujetas a sanciones claras.
El dictamen establece penas de 15 a 25 años de prisión, con agravantes para casos que afecten actividades productivas, involucren mecanismos tecnológicos, o cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores o migrantes. Las sanciones se endurecen también si el delito se comete aprovechando relaciones de confianza.
La Ley determina que la extorsión será investigada y perseguida de oficio, permite denuncias anónimas y fortalece la protección de víctimas mediante medidas cautelares, acompañamiento integral, resguardo de datos personales y la prohibición de contacto con agresores. Asimismo, establece que las personas sentenciadas por este delito no podrán acceder a beneficios preliberacionales.
Entre sus disposiciones clave se crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargado de recibir, canalizar y dar seguimiento a reportes ciudadanos. El nuevo organismo busca fortalecer la respuesta institucional y recuperar la confianza de la población.
La reforma también obliga a autoridades de los tres órdenes de gobierno a coordinar estrategias de prevención, así como a establecer vínculos con instituciones públicas, privadas y sociales para contener este delito. Durante todo el proceso legislativo, la senadora Anahí González impulsó que la Ley integrara una visión moderna, humana y efectiva frente a la evolución de las modalidades de extorsión en el país.
González afirmó que la aprobación de esta Ley representa “un avance fundamental para proteger a las víctimas, cerrar rutas de operación del crimen y garantizar justicia”. Su participación fue clave para consolidar un instrumento jurídico que se convertirá en pieza central en la construcción de seguridad, bienestar y reconstrucción del tejido social.
