Por Redacción Ya es Noticia México
Chetumal, Q. Roo a 23 de mayo. – Lo que comenzó como un sueño de inversión en el sur de Quintana Roo, terminó en una pesadilla legal y económica. Un grupo de empresarios originarios de la Ciudad de México —que vieron en Calderitas un paraíso para construir un centro turístico recreativo y generar empleos— hoy son víctimas de un fraude inmobiliario por más de 4 millones de pesos.
Querían apostar por el sur. Apostar por el desarrollo. Pero en cambio, encontraron corrupción, engaños y un sistema que no responde.
Juan Cortés y su pareja, Jessica Urias, llegaron a Calderitas con un proyecto claro, aprovechar el potencial de la bahía de Chetumal, desarrollar un espacio turístico responsable y contribuir al desarrollo económico de la región. Compraron dos predios costeros entre los kilómetros 4 de la carretera Calderitas-Oxtankah. Pagaron millones. Comenzaron los trabajos de limpieza. Pero entonces, aparecieron los legítimos dueños.
¿Qué pasó? Fueron víctimas de una red de fraude inmobiliario, según lo explica el abogado Jesús Contreras, especializada en utilizar documentos falsos de la SEDATU y con posible complicidad de la Notaría 109 de Chetumal. Los presuntos responsables, Leonardo C. y los hermanos Emanuel y Eduardo S., quienes —de acuerdo con denuncias— conforman una organización que ha operado por años en diversos puntos del estado: Cancún, Tulum, Cozumel, Mahahual y ahora también en Chetumal.
El caso no es aislado. Las denuncias registradas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo los folios 5351/2024 y 5352/2024 llevan meses sin avances. “Las investigaciones están congeladas. Siempre hay pretextos, que no enviaron la información, que no hicieron su trabajo. No quiero afirmar corrupción, pero algo no está funcionando”, denuncia Juan Cortés con voz firme y decepción acumulada.
El abogado Contreras advierte que esta red opera con total impunidad gracias al silencio institucional y a la dilación injustificada en las carpetas de investigación. Denuncias presentadas incluso ante la Fiscalía Anticorrupción tampoco han tenido respuesta.
¿Y mientras tanto? Los inversionistas pierden dinero, pierden confianza, y Quintana Roo pierde oportunidades.
Este caso no solo revela la fragilidad del sistema legal e inmobiliario en la entidad. También lanza una señal de alerta, el sur de Quintana Roo no puede seguir siendo rehén de redes de corrupción que espantan a quienes quieren construir, invertir y generar bienestar.
Juan Cortés y su equipo hacen un llamado urgente a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal general Raciel López Salazar para intervenir de manera directa. “Si no frenamos a estos delincuentes, el sur seguirá condenado al estancamiento. Nosotros vinimos a aportar, no a ser estafados”, finaliza.
En un estado que vive del turismo, la inversión honesta no debería terminar en tragedia.
