Por Gustavo Ferrari Wolfenson
Existe en la fiesta taurina una suerte llamada «toreo al alimón», en la que dos toreros hurtan su cuerpo al animal cogidos de la misma capa. Una noche de octubre de 1933, Federico García Lorca y Pablo Neruda se encontraron en una tertulia literaria en Buenos Aires y, entre pasajes de prosa y versos, pronunciaron lo que posteriormente la crítica bautizó como el Discurso al alimón, un canto conjunto de loas al escritor más reconocido de la lengua hispana: Rubén Darío. En esa suerte de verónicas, pases y estocadas —con las botellas de coñac vacías por su dramática embriaguez y fuera de toda norma, forma o escuela—, ambos poetas unieron su grandeza, dejando de lado falsos protagonismos, para alabar y homenajear a una figura indiscutida.
Uno de los problemas más graves que padecen nuestras democracias latinoamericanas es la constante crisis de gobernabilidad. El origen de este mal radica, generalmente, en la incapacidad de la dirigencia para alcanzar consensos básicos que se traduzcan en políticas de Estado sobre cuestiones sustantivas, quedando al margen de las disputas y los intereses partidistas. En los últimos años, la actual generación de políticos solo ha parecido capaz de tejer acuerdos en virtud de conveniencias personales o de facción. Más que por las limitaciones propias de un sistema presidencialista fuerte, la formación de consensos en torno a políticas de Estado ha fracasado sistemáticamente debido al sectarismo e individualismo que caracterizan a la clase política.
Entre los acuerdos básicos que la dirigencia se ha mostrado incapaz de articular, destacan aquellos vinculados con la instrumentación de reformas destinadas a terminar con los viejos privilegios y a garantizar una mayor transparencia pública. Parecería que, en América Latina, los ocupantes del poder se organizaran para encubrirlo todo y lograr que nada cambie.
Existe un consenso generalizado en que la solución a los problemas del continente no provendrá de figuras providenciales o inmaculadas. Además de una renovación dirigencial y del acceso al poder de ciudadanos idóneos, es imperativo generar las condiciones para que las instituciones no puedan ser manejadas de manera discrecional. Actualmente, convivimos con cargos públicos muy fuertes dentro de instituciones muy débiles, lo que provoca que ciertos burócratas virtualmente privaticen la función pública y mantengan capturado al Estado.
De eso debería tratar un verdadero proceso de modernización: de garantizar el fin de los nichos parasitarios en el sector público o, en otras palabras, de evitar que unos pocos usufructúen irresponsablemente el dinero del ciudadano.
La ilusión de que los gobiernos asuman con decisión el compromiso de sentar las bases para una reforma estructural parece hoy lejana. Sin la búsqueda de consensos compartidos, sin la definición conjunta de soluciones de Estado y sin la voluntad política de ejecutar un verdadero «toreo al alimón», se seguirá administrando la agonía, pero jamás alcanzará para resolver nuestra crisis.
